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DERECHO PENAL

Dada la creciente implicación del orden penal en la realidad social de nuestros días, mayor si cabe desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el departamento de Derecho Penal, se ha obligado en la especialización de todos aquellos asuntos que, integrados en este ámbito socioeconómico, responden a una mayor incidencia en las personas físicas y, a partir de dicha reforma, igualmente en las personas jurídicas que hasta la fecha carecían de responsabilidad en este ámbito - no así en el civil -, e igualmente por extensión a todas aquéllas conexas como son los procedimientos penales por accidentes de tráfico, lesiones, amenazas, injurias, calumnias, etc.


Igualmente, partiendo del dilatado conocimiento económico-financiero y de normativa del mercado de valores del Bufete, el área legal de Derecho Penal ha venido dando un carácter protagonista a los denominados delitos económicos, asumiendo la defensa, o la acusación en su caso, de delitos de gran relevancia en el mundo empresarial, como son la estafa, la apropiación indebida, las insolvencias punibles, los delitos societarios, el delito fiscal, el delito contable y los delitos contra la propiedad intelectual o industrial; entre otras, en algunos de los procesos más relevantes de los últimos años seguidos ante la Audiencia Nacional de Madrid y el Tribunal Supremo.


  • Delitos y faltas contra las personas (homicidio, lesiones, etc.).
  • Delitos contra la libertad, contra el honor, la integridad moral, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.
  • Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico: Robo, hurto, estafa, apropiación indebida, defraudaciones, delitos relativos a la propiedad intelectual, la propiedad industrial, delitos relativos al mercado y a los consumidores, delitos societarios, etc.
  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la seguridad social.
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Delitos de falsedades documentales, usurpación de las funciones públicas e intrusismo Delitos contra la Administración Pública: Prevaricación de funcionarios públicos, abandono de destino, omisión del deber de perseguir delitos, denegación del deber de auxilio, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función, etc.
  • Delitos contra la Administración de Justicia: Prevaricación, encubrimiento, falso testimonio, simulación de delitos, acusación y denuncia falsas, etc.
  • Delitos contra la seguridad del tráfico.
  • Responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas penales.